Asa Cristina Laurell

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With the goal of fully guaranteeing the constitu- tional right to health protection, Mexico City’s left- ist administration (2000-2006) undertook a reform to provide health services to people without insur- ance. The reform had four components: free medi- cine and health services; the introduction of a new service model (MAS); the strengthening, expan- sion, and improvement of services, and legislation to ensure that the city government become guaran- tor of this constitutional right. The reform resulted in 95% of eligible families being enrolled in free care; expansion of health care infrastructure with the construction of five new health care centers and a 1/3 increase in the number of public hospital beds in impoverished and disadvantaged areas; increased access to and use of health services particularly by the poor and for expensive interventions; and the legal guarantee of the continuity of this policy. The implementation of this new policy was made possi- ble through an 80% budget increase, improvements in efficiency, and a successful fight against corrup- tion. The health impact of the reform was seen in decline of mortality rates in all age groups between 1997 and 2005 (22% for child mortality, 11% for economically active age groups, and 7.9% for retired age groups) and by a 16% decline in AIDS related mortality between 2000 and 2005. This reform contrasts with the health care reform pro- moted by the right wing Federal government in the rest of the country; the latter was based on volun- tary health insurance, cost-sharing by families, ac- cess to a limited package of services, and gradual enrollment of the population not covered by the Social Security System.

Durante la administración de izquierda de la ciudad de México (2000-2006), se hizo una reforma de los servicios de salud para la población no asegurada, con el objetivo de garantizar universalmente el derecho constitucional a la protección de la salud en la ciudad. La reforma se desplegó en cuatro vertientes: la gratuidad de los servicios de salud y de los medicamentos; la introducción de un nuevo modelo de atención (MAS); el fortalecimiento, ampliación y mejoramiento de los servicios y una legislación que obliga al gobierno de la ciudad a garantizar este derecho. Los resultados de la reforma se resumen en la inscripción del 95% de las familias elegibles al programa de gratuidad, la ampliación de la infraestructura con cinco centros de salud grandes y en un tercio más de camas hospitalarias en zonas pobres y desprotegidas; el aumento en el acceso y uso de los servicios, particularmente de la población pobre y de las intervenciones más costosas; y la garantía legal de la continuidad de esta política. La instrumentación de la nueva política fue apoyada con un incremento presupuestal del 80%, en la eficiencia en su ejercicio y en el combate exitoso a la corrupción. El impacto en salud se demuestra en la disminución de las tasas de mortalidad en todos los grupos de edad entre 1997 y 2005 (22% en la mortalidad infantil, 11% en edad productiva y 7.9% en la posproductiva) y en un 16% en la mortalidad por SIDA en el periodo 2000-2005. Esta reforma contrasta con la instrumentada por el gobierno federal de derecha en el resto del país, que se basa en un seguro voluntario de salud, el pago de una prima por parte de las familias, el acceso a un paquete de servicios restringido y la inscripción paulatina de la población sin seguridad social laboral.