Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

Leer la crisis colombiana para entender la reforma mexicana de salud

 


Asa Cristina Laurell

La Jornada 5 de junio de 2013.

 

Los argumentos de los textos de mayor circulación sobre el Seguro Popular son circulares al referirse a los mismos documentos base, casi todos escritos por el grupo emanado de Funsalud. Por ello, no dan elementos para visualizar cuáles serían los efectos de su plena instrumentación, particularmente en la perspectiva de la oscura reforma de seguridad social universal. Es entonces importante analizar la información internacional sobre los diferentes componentes del modelo que se promueve desde el gobierno.

El caso más aleccionador es el colombiano, cuyo sistema de salud inició una reforma, semejante a la mexicana, en 1993. Actualmente, está inmerso en una profunda crisis que ha propiciado un número importante de estudios y evaluaciones realizados por el propio gobierno y otros actores involucrados, sean éstos centros académicos o de investigación, asociaciones civiles o instancias del Estado, como la Corte Constitucional, la Contraloría o los gobiernos municipales. Todos coinciden en la gravedad de la crisis aunque proponen soluciones distintas. Existen evidencias contundentes de que los tres objetivos principales de cobertura, acceso y equidad financiera no se han cumplido y del grave deterioro de las acciones de salud pública.

La cobertura del aseguramiento es de 95 por ciento de la población, considerando sus dos regímenes, el contributivo financiado por cuotas obrero-patronales y el subsidiado, financiado por el erario público. A partir de 2004 se incrementó la cobertura básicamente vía el régimen subsidiado que hoy abarca 55 por ciento del total de asegurados. Sin embargo, resalta la falacia de considerar que cobertura es igual a acceso.

De esta manera un estudio de 2008 demostró que 83.5 por ciento de los afiliados al régimen contributivo usó los servicios por lo menos una vez al año, 42.9 por ciento de los del subsidiado y 37 por ciento de los no-asegurados. Es un acceso desigual que depende de la condición de aseguramiento, en la que la discrepancia entre los subsidiados y los no-asegurados es pequeña.

Otro cálculo entre los que habían enfermado, clasificados según el quintil de ingreso, demostró que 71.5 por ciento con el ingreso más bajo (quintil I) se había atendido con un médico o una enfermera, mientras el dato correspondiente del quintil más alto (V) era 88.6 por ciento con una brecha de 17 por ciento. Sin embargo, el acceso a la atención especializada o a la hospitalización era baja para todos y diferenciado por el tipo de aseguramiento al igual que el acceso a los medicamentos. Asimismo, varios estudios han determinado que la población rural y dispersa no tiene acceso a los servicios de salud por su inexistencia en el lugar donde vive y por el alto costo de traslado. Existe una situación semejante en las zonas urbanas donde los recursos de salud –centros de salud, servicios y médicos especializados, hospitales– se concentran en los barrios con las mejores condiciones socio-económicas. La premisa de que el mercado distribuiría equilibradamente los recursos y garantizaría el acceso equitativo como resultado del aseguramiento es otra falacia.

El tercer objetivo de la reforma, la equidad financiera, está lejos de cumplirse. La competencia entre los múltiples administradores de fondos y entre los prestadores simplemente no ha funcionado para lograrlo. En 2008 la distribución del gasto en salud por quintil mostraba que el del I era 62.8 por ciento del disponible para el quintil V, el del II, 70.7; el del III, 82.5, y el del IV, 93.4 por ciento, a pesar de un sistema de concentración de los ingresos en un fondo y su redistribución en unidades de capitación por persona asegurada, sistema semejante al que propone Funsalud. La Contraloría colombiana calculó que sólo 23 por ciento del monto transferido a los administradores del sistema subsidiado se tradujo en servicios efectivamente prestados en 2011. Asimismo, la Corte Constitucional constató un alto grado de corrupción, el predominio de intereses particulares, la debilidad del control estatal, así como el inadecuado y el ineficiente manejo administrativo que ha dado como resultado que cientos de miles se hayan amparado contra la negación de servicios.

Esta situación se explica por redes de complicidad que permiten que los administradores gasten el dinero en otras actividades y no en la prestación de servicios y hagan compras o subcontrataciones de servicios por encima de los precios de mercado a empresas relacionadas con ellos o como el resultado del cabildeo de las compañías transnacionales de salud.

Es obligada la lectura y discusión de los estudios colombianos con su riqueza de información para evitar que se siga destruyendo el sistema de salud mexicano.

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