Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

Salud requiere más presupuesto y otra distribución del dinero

Asa Cristina Laurell

La Jornada 14 de noviembre 2007

 

La distribución del presupuesto pone al desnudo las reales prioridades de un gobierno. Los recursos federales dedicados a salud desmienten que ésta sea una preocupación de los gobiernos de derecha. La dispersión administrativa del presupuesto del sector entre los institutos de seguridad social y las secretarías de Salud federal y estatales se presta para la demagogia. Cuando se trata de demostrar grandes aumentos, el gobierno alude al presupuesto de la Ssa, y cuando quiere presumir el monto total usa la suma de todos los presupuestos.

 

México es uno de los países latinoamericanos que menos dinero público dedica al rubro de salud. En 2007 correspondió al 2.8 por ciento del PIB en comparación con 6.4 en Uruguay, 6.3 en Cuba, 4.7 en Argentina, 4.4 en Chile, 3.4 en Brasil; para 2008 baja a 2.7. Desde el sexenio pasado se incluye mañosamente el gasto privado en los datos oficiales para que parezca menos dramática la falta de recursos del área. El gasto privado es de 3 por ciento del PIB, o sea constituye más que la mitad del gasto.

 

La dispersión en diferentes renglones ha ocultado que los gobiernos de derecha han privilegiado al Seguro Popular, mientras castigan a las instituciones de seguridad social y a los estados. El gobierno foxista presumía, particularmente durante 2005 y 2006, que salud era su gran prioridad, hecho que no se verificó en el presupuesto. Tuvo un incremento de 14 por ciento en 2004 con el Seguro Popular, pero se estancó en 2005 y decreció en 2 por ciento en 2006, principalmente por la caída del presupuesto de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 8.7 por ciento, en 2005, y de 11 por ciento en 2006. Este hecho explica en parte el deterioro de los servicios médicos de esa institución.

 

Aunque el castigo al IMSS se suavizó a partir de 2007, el segundo gobierno de derecha mantiene la misma política; pequeños incrementos a las instituciones de seguridad social e incrementos grandes al Seguro Popular y al subprograma de Seguro para una Nueva Generación. Para 2008 el aumento al Seguro Social es de 2.7 por ciento y para la Ssa de 14.2 por ciento, con un incremento al Seguro Popular de 33.8 por ciento.

 

Esta política presupuestal no solventa la grave falta de financiamiento del sistema público de salud. Tiende a acelerar el deterioro de su institución más importante, el IMSS, pero tampoco resuelve la exclusión de la población sin seguro social laboral. Ha producido un nuevo segmento en el ya fragmentado sistema de salud: el de los afiliados al Seguro Popular. Esto a su vez lleva a la discriminación sistemática en los servicios contra los usuarios no afiliados que tienen que pagar los servicios y comprar los medicamentos. Esto se mantiene en 2008 porque más de 90 por ciento del presupuesto del Seguro Popular se destina a la atención de los asegurados, es decir, a menos de la mitad de las familias sin seguridad social. Los afiliados no pagan los servicios incluidos en el Seguro Popular y reciben con más frecuencia las medicinas, pero pagan los servicios excluidos que son los más caros.

 

Mecanismo ineficiente e ineficaz

 

El Seguro Popular ha demostrado ser un mecanismo de financiamiento ineficiente e ineficaz. No se ha logrado la afiliación proyectada y nunca se alcanzará la cobertura universal. Al cierre de 2006 estaban afiliados 5.1 millones de familias y en septiembre de 2007, 400 mil más, que corresponden casi exclusivamente al Seguro para una Nueva Generación.

 

Hay además un serio retraso en la transferencia de recursos a los estados para la prestación de servicios. A mitad de año apenas se había transferido el 23.1 por ciento y la dilación seguía en septiembre. Este subejercicio se traduce en desbasto de medicinas e insumos; falta de mantenimiento; problemas de contratación de personal; etcétera. Así el incremento de dinero para salud no mejora los servicios para los del Seguro Popular, pero tampoco proporciona mayor inversión en hospitales o equipo, porque sus reglas lo prohíben.

 

Por otra parte sobran los indicios de corrupción en el Seguro Popular. Para el ejercicio de 2005, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 2.1 mil millones de pesos en su manejo. En junio el comisionado del SPSS fue inhabilitado por 10 años y la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos dos expedientes en su contra por un daño patrimonial al erario de no menos de 368 millones pesos. Existen además denuncias de fraude en cuatro entidades federativas.

 

La razón de canalizar más y más dinero al Seguro Popular corresponde a la concepción de derecha sobre cómo organizar el sistema de salud. Se busca crear un fondo público de salud para la privatización parcial de la prestación de servicios y luego de la administración de fondos. Este modelo debilita a todo el sistema público y en particular las instituciones de seguridad social. Por ello es urgente asignar más recursos a salud y distribuirlos entre todos las instituciones del ramo para fortalecer el sistema público y cerrar el paso a la privatización.

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