Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

El Seguro Popular, mitos y realidades

Asa Cristina Laurell

La Jornada 13 de febrero de 2009

 

Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.

La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.

La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.

La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.

La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.

Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.

A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.

Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.

En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.

Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.

La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.

Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.

 

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