Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

¿Qué pasa en el IMSS? - Parte 1

Asa Cristina Laurell

La Jornada 8 de diciembre 2010

 

El informe de labores de Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentado ante el Consejo Técnico el pasado 3 de noviembre, suscitó titulares en la prensa sobre la próxima quiebra de la institución, con un déficit proyectado” correspondiente a 45 por ciento del PIB. Luego Televisa corrió un borrego sobre una supuesta corruptela en un contrato de medicamentos. Desgraciadamente los temas de fondo del documento, ya señalados en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera del IMSS, no han sido analizados ni informados al público.

Es clave resaltar el Eje Rector III del informe, referido a la inclusión del IMSS en el Sistema Integrado de Salud. Las tres acciones básicas son: la “portabilidad” del seguro médico; la “convergencia” de los servicios de salud, y el desarrollo del mercado en ese ámbito. Las tres acciones incluyen explícitamente al sector privado. Es una agenda para concluir la reforma de privatización abierta de los servicios de salud rentables, iniciada en 1995/97 en el Seguro Social, legislada en la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y promovida con el Seguro Popular.

La “portabilidad” significa hacer válido cualquier seguro, público o privado, con cualquier prestador de servicios médicos, público o privado. Para ello, se promueve la convergencia de los servicios, para lo cual se requiere establecer protocolos de tratamiento, decidir qué servicios incluir en el seguro (paquete de servicios) y fijar su precio. Son acciones necesarias para la creación del mercado de compra-venta de servicios de salud, respaldado con capacidad de compra por medio de los seguros.

Según el informe, el IMSS se ha ocupado intensamente de estas tareas. Con ello, trabaja en disolverse como el principal prestador nacional de servicios médicos para convertirse en simple aseguradora al lado de otras, públicas y privadas. Es así porque en este esquema los hospitales y clínicas de la institución deben ser empresas autónomas y recibir financiamiento en función de los servicios prestados en competencia con otros prestadores.

Puede parecer atractivo para los derechohabientes del IMSS tener la opción de buscar servicios privados, pero hay dos problemas implícitos muy importantes. Primero, está condicionado a que se disminuyan sustancialmente los servicios a los cuales tienen derecho actualmente y restringirlos a un paquete, probablemente el muy limitado del Seguro Popular, lo que significa que el resto de los servicios se paga. Segundo, en un esquema de libre mercado nadie puede obligar a los privados a prestar servicios a todos. La empresa privada trabaja con criterios de ganancia, lo que le lleva a bajar costos; por ejemplo, negando atención o seleccionando pacientes rentables, como los jóvenes de bajo riesgo.

Promover la imagen de un IMSS corrupto en este contexto, sirve para preparar a la opinión pública sobre su próxima extinción como institución prestadora de servicios. Abona al mismo fin vaticinar la inviabilidad financiera de su Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Deben señalarse varias cuestiones sobre este último y su déficit financiero. Al estimar este déficit se juntan el seguro de los trabajadores activos (SEM-A) con el de los trabajadores pensionados (SMP), pese a que su financiamiento proviene de dos fuentes diferentes. Luego se acumula el déficit proyectado de un periodo no especificado (probablemente de 40 o 50 años) a “valor presente”, o sea, como si se tuviera que pagar en un solo año, cuando en realidad se pagará durante 40 a 50 años. También es de señalar que el principal déficit se refiere al SMP, que surgió a raíz de la reforma de 1995/97, cuando se privatizó la administración de las pensiones con la creación de las Afore. En la nueva ley se decidió arbitrariamente financiar el sistema de pensionados con una cuota de 1.5 por ciento de los salarios de los trabajadores activos, a pesar de que los expertos advertían que era insuficiente.

Por último, se carga al rubro del SEM prácticamente todo el costo del Régimen de Jubilación y Pensión de los trabajadores del IMSS, pese a que se han hecho varias modificaciones al contrato colectivo y a la ley para corregir este punto, afirmando en cada cambio que el déficit quedaría resuelto.

Se puede sostener que la obstinación en reformar el IMSS y someter todas sus actividades a las fuerzas del mercado es el móvil de las presiones y difamaciones del instituto. Existen otras soluciones financieras. En mi próxima entrega presentaré un análisis de los datos para señalar otros caminos para el IMSS y para abrir el acceso equitativo de toda la población a los servicios de salud que requiere.

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