Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

El Fideicomiso del Seguro Popular y la Salud de los Mexicanos

Asa Cristina Laurell

La Jornada. 8 de octubre de 2010.

 

Fideicomiso del Seguro Popular

Ningún partido quiere oponerse al incremento del presupuesto a la Secretaría de Salud (Ssa) y por esta razón pasa tal como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo presenta. Sin embargo, una vez aprobado, la Ssa maneja el presupuesto con poca transparencia y tiene un subejercicio importante. Uno de los mecanismos que utiliza es depositar cantidades muy por encima de lo estipulado en la Ley General de Salud en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Año con año se han acumulando muchos recursos en este fideicomiso, como se observa en el cuadro.

En junio de 2010 estaban guardados 22.8 mil millones de pesos en el fideicomiso sin ningún beneficio para la salud de la población.

Estos recursos no se utilizan para pagar la atención de padecimientos de alto costo actualmente excluidos del Seguro Popular (SP), como son, por ejemplo, la mayoría de los cánceres de jóvenes y adultos o el infarto del corazón o la insuficiencia renal crónica o los accidentes graves. Tampoco se invierten en la infraestructura de salud, que hace mucha falta.

La Ley de Salud establece que se debe depositar el 11 por ciento de los recursos federales y estatales en el FSPSS. Sin embargo, cada año el gobierno ha transferido entre 18 y 25 por ciento y, una vez depositados en el fideicomiso, cuentan como “ejercidos”, o sea, como presupuesto “gastado”. Los fideicomisos son la parte menos transparente de la administración pública y el FSPSS es uno de los más importantes.

La discusión y aprobación presupuestal es el mejor momento para exigir una explicación clara de las autoridades de salud del por qué transfieren más recursos que los estipulados por la ley y por qué se acumulan en el fideicomiso en vez de ser usados para ampliar las enfermedades de alto costo cubiertas por el SP o para invertir en infraestructura.

El primer problema habla de la falta de cobertura médica del SP precisamente en los casos cuando los enfermos tienen más problemas para acceder al tratamiento requerido por su altísimo costo. No es cierto, como se dice en la propaganda gubernamental, que la cobertura “universal” dará acceso a todos al médico, a las medicinas y al tratamiento

La falta de unidades de salud donde atenderse restringe todavía más el beneficio del SP, ya que en muchas partes del país no hay donde hacer valer el seguro. Por ejemplo, los recursos acumulados en el fideicomiso en junio de 2010 alcanzarían para construir y equipar 46 hospitales generales de 100 camas. La propaganda oficial dice que la “infraestructura hospitalaria es la base para lograr la cobertura universal en salud”. Sostiene además que desde 2007 se ha invertido como nunca antes en centros de salud, hospitales y equipo. Las mil 800 “acciones” presumidas son en su gran mayoría pequeñas inversiones de sustitución de equipo o mantenimiento de unidades médicas y no nuevas obras o ampliación de la capacidad de atención.

La inversión total de la Ssa, durante el periodo 2007 a 2009, ha sido de mil 888.9 millones según la cuenta pública. Este dato incluye mantenimiento, compra de equipo, construcción, así como compra de inmuebles y no llega a representar siquiera 10 por ciento de los fondos del FSPSS. Si se suman la inversión de la Ssa, la inversión total del Instituto Mexicano del Seguro Social con 6 mil 812.5 millones y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 11 mil 94.70 millones la inversión total en salud y seguridad social ha sido 19 mil 796.05 millones en el sexenio. Es decir, aproximadamente la misma cantidad que se encontraba acumulada en el FSPSS a finales de 2009.

La posibilidad de conocer objetivamente la situación del sector salud depende de la información verídica y transparente. Es inaceptable que la propaganda gubernamental pretenda convencer a los ciudadanos de que hay grandes avances en salud cuando los tratamientos costosos que pueden salvar vidas están excluidos del Seguro Popular y la capacidad pública de atención médica está muy restringida.

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