Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

La destrucción de la salud pública y de la ética

Asa Cristina Laurell

La Jornada 2 de septiembre de 2010.

 

Durante agosto varias denuncias pusieron en el debate público el caso de seis mujeres de Guanajuato que se encuentran encarceladas por haber sufrido abortos espontáneos calificados de homicidio. Afortunadamente, parece que serán liberadas por la acción de una sociedad escandalizada. Sin embargo, el problema de fondo sigue vigente: las leyes de los 17 estados que penalizan el aborto no separan los abortos inducidos y los espontáneos que son difíciles de distinguir clínicamente. Habría que recordar que por lo menos de 10 a 20 por ciento de todos los embarazos terminan en un aborto espontáneo.

La criminalización del aborto y la cruzada contra los anticonceptivos y la educación sexual destruyen componentes muy importantes de la prevención en la salud sexual y reproductiva y de la muerte materna. Por ejemplo, muchas mujeres son reticentes frente al registro del personal de salud de las mujeres embarazadas en la comunidad. Esta acción proactiva de salud pública es un instrumento importante para lograr el control prenatal adecuado que es la piedra angular de la prevención de la muerte materna. No es un problema teórico, sino tiene gran vigencia práctica.

Objetivo del Milenio en mortalidad materna

El Objetivo del Milenio comprometido por México en el rubro de mortalidad materna es bajarla a 22 por 100 mil nacimientos en 2015, partiendo de 89 en 1990. En 2009 la mortalidad materna fue de 63.2 y había un retraso de 22 puntos. Todavía más grave, en 2007 la mortalidad materna empezó a crecer, una tendencia al alza que se mantuvo en 2008 y 2009. Las autoridades de salud pública han intentado explicar el aumento con la Influenza A/H1N1, argumento que no se sostiene entre otras cosas porque no existía en 2007 y 2008. En cambio, el incremento coincide con el vuelco retrógrado en la política de salud sexual y reproductiva por razones ideológicas y no científicas.

Otro golpe destructivo contra la salud pública sufrido por el país es retroceso del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, lanzado en los Pinos en enero pasado. Los secretarios de Salud y Educación no resistieron el cabildeo de la industria de alimentos chatarra, cuyos dueños hicieron grandes aportaciones a la campaña panista en 2006. Era previsible dada la declaración del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, quien sólo se comprometió, en nombre de los empresarios, a aplicar “…. medidas voluntarias en la mercadotecnia y la publicidad de alimentos y bebidas”.

Desde un principio se resaltó el aspecto económico del gravísimo problema de salud pública que representa la obesidad de niños y adultos. En palabras del secretario de Salud, “… afecta directamente a la salud de la población mexicana e indirectamente constituye un factor condicionante de la baja productividad laboral presente y futura, con alto costo de la atención médica para el sector salud y la sociedad”.

El dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) al respecto es contundente: “… concluye que los Lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica arrojarían un impacto social neto favorable en el orden de 26,439 millones de pesos…. Los beneficios totales de la regulación se estimaron en 43,094 millones de pesos, de los cuales 13,743 millones corresponderían a menor gasto en servicios médicos, 16,462 millones al aumento en la expectativa de vida de la población y 12,889 millones al incremento en ventas de frutas y verduras. Por su parte, los costos totales de la regulación se estimaron como máximo en 16,655 millones de pesos … 10,197 millones corresponderían a las adecuaciones de la industria a sus procesos de producción…. y 6,458 millones a los costos para las escuelas y los gobiernos locales por la implementación de los propios Lineamientos”.

¿Y el valor de la salud como un derecho básico de todo ser humano? Este valor no tiene precio monetario y no entra en los cálculos de la actual concepción económica de la salud pública que se desprende de la ideología del mercado. En la actualidad la ética no tiene cabida ni en el caso de las vidas de las mujeres, ni en el de los niños engordados por la industria de comida chatarra. Se puede argumentar que la idea de la salud como un derecho humano también es ideología. Lo es en el sentido de que es un valor ampliamente compartido en nuestra sociedad y por ello es un valor ético importante.

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