Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

Presupuesto de salud, una evaluación de la política

Asa Cristina Laurell.

La jornada 12 de noviembre 2011.

 

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es una tarea clave de la Cámara de Diputados y un mecanismo para acotar el Poder Ejecutivo. La distribución de los recursos fiscales entre distintas actividades debe expresar las prioridades de la nación. Por ello es muy importante que la discusión sobre el presupuesto se haga de cara a los ciudadanos y de manera que ellos puedan entender las implicaciones para su vida diaria.

La salud puede parecer uno de los ámbitos sociales más favorecido durante este gobierno, pero esto depende de cómo se presentan los datos del presupuesto. Sin embargo, si se analizan con detenimiento, el panorama es disímil.

En primer lugar es necesario subrayar que el gasto público federal en salud es la suma de los recursos dedicados a la Secretaría de Salud (Ssa), los Servicios Estatales de Salud y los de las instituciones de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las secretarías de Defensa y Marina). Este gasto total es de 409.4 mil millones de pesos para 2012 y representa 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB). Al incluir el gasto de las entidades federativas es del orden de 3.0 a 3.1 del PIB, muy lejano del 4.9 por ciento reportado a las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS). Este porcentaje se compara además desfavorablemente con países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay e incluso Bolivia.

La parte del presupuesto total de salud que ha crecido más rápidamente es de la Ssa, mientras que el del IMSS ha sido particularmente perjudicado. El incremento del presupuesto de la Ssa corresponde principalmente a la parte manejada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), que en el PEF de 2012 corresponde al 70 por ciento del total. Esto se explica por los recursos dedicados al Seguro Popular (SP) y el Seguro Médico para una Nueva Generación, que juntos representan el 63 por ciento del presupuesto de la Ssa. La importancia de ello es que debería permitir a los beneficiarios acceder a los servicios de salud sin costo al removerse la barrera económica.

Los datos desmienten que el aumento presupuestal efectivamente garantice el acceso. La propia CNPSS calcula el costo de los servicios incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) en mil 999.5 pesos por persona en 2011. El número de beneficiarios reportado por la CNPSS en junio de 2011 era de 48.5 millones y alcanzando la cobertura universal del SP serían 51.3 millones. La simple multiplicación de personas por el costo del Causes demuestra que el presupuesto asignado tiene un déficit de entre 44 y 49.5 mil millones de pesos o del 45 al 50 por ciento en 2012; situación que concuerda con el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación en 2005.

Otro faceta del presupuesto destinado al SP es su uso por parte de las entidades federativas. El PEF exige a los estados rendir cuentas al CNPSS sobre su ejercicio, aunque los rubros por reportar disminuyeron entre 2010 y 2011. La primera obligación es informar sobre el destino de las transferencias que se exhibe en la página web de la CNPSS.

En agosto de 2011 faltaba por informar sobre 18 mil millones de pesos o el 50 por ciento del presupuesto transferido en 2010. Ningún estado había informado al 100 por ciento y cinco estados no habían informado.

Una queja muy recurrente de los beneficiarios del SP es la falta de medicamentos en las unidades médicas. El PEF especifica que las entidades federativas pueden utilizar hasta el 30 por ciento de los recursos transferidos en su compra. Sin embargo, sólo se gastó el 6.5 por ciento de las transferencias en medicamentos en 2010, según la página de la CNPSS y en la absoluta mayoría de los estados no llegó al 10 por ciento. En este contexto, es de subrayar que una de la supuestas ventajas de este seguro es que permitiría el acceso a los medicamentos que son frecuentemente más caros que la consulta, e incluso que una intervención quirúrgica sencilla.

En mi artículo anterior señalé que casi todos los funcionarios de primer nivel de la Ssa son economistas o administradores, lo que no ha impedido el caos en su administración y las malas prácticas económicas. Los diputados tienen la responsabilidad de proveer a todas las instituciones de salud el presupuesto que requieren para garantizar una atención digna y técnicamente correcta a los mexicanos, pero tienen además los instrumentos para supervisar y hacer cumplir el ejercicio presupuestal. ¡Qué ejerzan sus facultades!

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