Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

¿Qué pasa en el IMSS? - Parte 2

Asa Cristina Laurell.

La jornada 19 de enero 2011

 

En mi anterior artículo (La Jornada/8/12/10) expuse los problemas financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sostengo que la aparente quiebra es un pretexto para desarticular el sistema público de servicios médicos más importante del país y crear un modelo de mercado que incluye a prestadores privados.

Afirmar que el déficit del SEM equivale a 45 por ciento del PIB es una astucia propagandística que acumula su costo proyectado a lo largo de 50 años en un solo año. Lo importante es examinar cuáles son los postulados, premisas y cálculos que llevan a este cuestionable dato.

Muchos de los actuales problemas financieros del instituto fueron creados por la reforma 95/97, también presentada como necesaria para “salvar el IMSS de la quiebra”. Tres cambios en esa ley han afectado gravemente al SEM: la sustitución de la cuota patronal proporcional al salario por una cuota patronal fija; la prohibición de hacer un uso cruzado de recursos entre los seguros, y el financiamiento de los servicios médico de los pensionados (SMP) con una cuota sobre el salario de los trabajadores activos.

La nueva cuota fija patronal para el SEM –de 20.4 por ciento de un salario mínimo (SM) del Distrito Federal y 1.1 por ciento sobre el salario de cotización (SBC) excedente a tres SM– disminuyó la aportación patronal total en 15 por ciento que no se compensa con el aumento de la aportación gubernamental, ya que incluyéndola la baja total de ingresos es de 7.4 por ciento.

El problema se agrava porque el SBC del IMSS crece más rápido que el SM y el ajuste a este último significa un decremento real sostenido de la cuota patronal; entre enero 1998 y junio 2010 el SM bajó 1.6 por ciento y el SBC subió 23 por ciento.

La cuota fija es además inequitativa y regresiva. La pequeña empresa, cuyos trabajadores ganan mayoritariamente uno o dos SM, paga cuotas del orden de 10.2 a 20.4 por ciento sobre su gasto salarial cuando antes pagaba 8.75 por ciento. En cambio la gran empresa es favorecida y paga en promedio 4 por ciento sobre el salario de sus trabajadores. O sea, el pago del SEM incrementa mucho el costo salarial de la pequeña empresa, hecho que contribuye a explicar que 9 millones de asalariados con derecho al IMSS no están asegurados.

Al separar los fondos de los seguros del IMSS y mandar el de retiro (la jubilación) a los Afore se creó el seguro médico de pensionados (SMP) y es éste el que muestra el mayor y creciente déficit en los cálculos del IMSS, el cual correspondería a 44 por ciento del déficit total en 2010 y a 91 por ciento en 2045.

Al reformar la ley se fijó arbitrariamente una cuota de 1.5 por ciento para financiarlo. Inexplicablemente el gobierno federal no subsidia a este grupo creciente de derechohabientes con la cuota que proporciona a los asegurados activos del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a las familias del Seguro Popular.

Otro resultado de la separación de los seguros es que se carga cerca de 90 por ciento del costo del Régimen de Jubilación y Pensiones (RJP) de los trabajadores del mismo IMSS al SEM, pese a que posteriores modificaciones del contrato colectivo y la ley incrementaron la cotización de ellos y finalmente equiparó la jubilación de sus nuevos trabajadores con cualquier asegurado de ese instituto. Cuando se ha hecho este tipo de reformas en otros sistemas de jubilación el gobierno federal ha asumido el costo. Debería hacerse también en el caso de los trabajadores del IMSS.

Por último, en el contexto de las finanzas del IMSS resulta significativo que nunca se menciona el “costo de transición”, pagado por el erario público a fin de poner las pensiones en manos de los grupos financieros, que es mucho mayor que el déficit del SEM.

En suma, corrigiendo los problemas causados por la reforma de 95/97, es decir, cuota patronal proporcional, cuota estatal para el SMP, transferencia del costo excedente del RJP al erario público, realineación de las cotizaciones entre los distintos seguros, etcétera, se puede resolver la “crisis” financiera del SEM. Habría que combatir decididamente la corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el resto del gobierno federal, pero es inadmisible que se pretenda desmantelar los servicios médicos públicos más importantes del país con pretextos insostenibles.

La agenda detrás de la supuesta “quiebra” del SEM es disminuir los servicios médicos de los derechohabientes del IMSS y abrir el mercado de salud a los privados. No se busca el acceso equitativo a los servicios médicos en función de las necesidades, sino disminuir los derechos de todos e introducir un seguro complementario, público o privado, para los servicios excluidos.

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