Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

La construcción de la quiebra del IMSS

Asa Cristina Laurell.

7 de marzo 2012.

 

La circulación reciente de la grabación de la junta del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en agosto de 2010 ha actualizado la amenaza que pende sobre esa institución, sus trabajadores, los asegurados y sus familias. En la reunión se planteó como una opción despedir e indemnizar a todos los empleados del IMSS y, eventualmente, recontratarlos con un nuevo contrato colectivo con menos prestaciones y un régimen de pensiones igual al de los asegurados del instituto, o sea, con cuentas individuales administradas por una Afore. El centro del conflicto es el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que, según las autoridades del Seguro Social, está a punto de quebrar esa institución.

La insistencia en la quiebra del IMSS por el déficit del SEM sólo es comprensible inscribiéndola en el aseguramiento universal en salud, que se basaría en un paquete de servicios amparado –el del Seguro Popular (SP)–, la introducción de un seguro complementario pagado por el individuo y la apertura a los privados como administradores de los fondos y prestadores pagados por los seguros. Esto significa que los derechohabientes del IMSS perderían la mayor parte de su cobertura médica o tendrían que pagar un seguro adicional, público o privado. El despido y recontratación de los trabajadores tendría por finalidad bajar los costos de personal y meterlo a competir con los privados. Este modelo viene desde la reforma de 1995/97 que no ha prosperado hasta ahora, pero podría imponerse con el desfinanciamiento sistemático del SEM y la introducción del SP.

En este contexto cabe preguntarse cómo calcula y proyecta el IMSS el costo del SEM dividiendo su proyección en dos, el SEM de los asegurados y el de Gastos Médicos de Pensionados (GMP).

La lectura del último Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2010-2011 del IMSS revela que el instituto no tiene bases firmes para sus estudios actuariales, particularmente respecto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y al de GMP, los dos elementos determinantes para sostener que el SEM llevará a la quiebra del IMSS. Así fijan sus propios supuestos (Anexo E) y usa el supuesto de sobrevivencia de las aseguradoras de pensiones, que busca garantizar y aumentar sus ganancias.

Los resultados de estos estudios son inverosímiles. Por ejemplo, el porcentaje de asegurados de la población económicamente activa aumentaría levemente bajo el supuesto de que el empleo formal permanente no mejorará, mientras el porcentaje de jubilados por el IMSS respecto de la población adulta mayor subiría sustancialmente entre 2011 y 2050. Acto seguido, los estudios proyectan al año en curso el costo acumulado del SEM y del GMP que se pagará durante 40 años, lo que resulta en un déficit estratosférico. Dada la poca certeza sobre los supuestos se esperaría la presentación de varios escenarios, pero sólo hay uno y es catastrófico.

Los datos revelan que el RJP es el principal elemento para la quiebra del SEM, ya que se le carga 90 por ciento de su costo. Si se quitara esta carga se resolvería el déficit del SEM. Es de señalar que se han hecho varias reformas del RJP, entre las cuales destacan la obligación del IMSS a constituir una reserva y dedicar dinero cada año a éste; que los trabajadores del instituto asumieron una aportación extra sobre su salario para sustentarlo, y que los empleados contratados por el instituto a partir de 2008 se jubilarán con el mismo esquema de cualquiera de sus asegurados, o sea, con los recursos acumulados en su cuenta individual administrada por una Afore. Sería entonces razonable que el gobierno federal asumiera el costo del RJP, que es mucho más bajo que el uno por ciento anual del PIB durante 40 años, que asumió con la reforma del IMSS de 1995/97.

El segundo problema financiero del SEM es el subfinanciamiento de GMP, que se fijó arbitrariamente en 1.5 por ciento del salario base de cotización (SBC) en la reforma de 1995/97 y sin aportación de la cuota fija del gobierno federal de 13.9 por ciento que se aporta al SP y a los asegurados activos. En la misma reforma se transitó de una aportación patronal proporcional al salario a una cuota fija igual para todos, lo que redundó en la disminución de 15 por ciento, o incluyendo la nueva aportación fiscal, en 7.5 por ciento de los ingresos del SEM.

La quiebra del IMSS no es una fatalidad, es un objetivo político largamente perseguido. Tiene implicaciones graves para los trabajadores del instituto y también para sus derechohabientes.

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