Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

El sistema universal de salud panista; avanza la privatización en el sector

Asa Cristina Laurell

La Jornada 8 de Octubre de 2014

La propuesta de reforma constitucional presentada por el PAN en el Senado el primero de octubre para conformar el sistema universal de salud, sigue puntualmente la estrategia del Pacto por México, ya aplicada en las reformas laboral, educativa y energética. Primero se hace el cambio constitucional sin una propuesta explícita del contenido de la(s) ley(es) reglamentaria(s) y cuando éstas se presentan contienen elementos con implicaciones graves para los ciudadanos.

El PAN presenta la propuesta, pero coincide puntualmente con la concepción del PRI, y ambos han adoptado la propuesta de Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan, o sea se remonta a 1995 cuando se reformó la Ley del Seguro Social y tiene la misma orientación que el Seguro Popular. En ambas reformas se intenta separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación de servicios, a fin de generar competencia de mercado para mejorar la calidad. Pasa por alto que no hay evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la calidad ni de que genere mayor eficiencia. Son premisas o mitos neoliberales puros.

En abstracto parece atractivo que haya un sistema universal de salud que acabe con la segmentación del sistema público para establecer igualdad de derechos para todos los mexicanos. Al no estar explícito el contenido y funcionamiento del nuevo sistema se esconde el significado real de la propuesta. Por un lado, es una propuesta que promueve la prestación privada de servicios pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones públicas, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastoca la prestación de servicios médicos a sus derechohabientes.

Los problemas de fondo del sistema público de salud en México es su crónico subfinanciamiento y su carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo. Tiene, además, el gasto público per cápita –US$ 320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual –84 por ciento– más bajo de este indicador de toda América Latina de 2002 a 2013. Esto explica la carencia de infraestructura y falta de personal de salud. Ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios y todos mantienen un déficit grave de personal regular y operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos con independencia de sus características personales.

Es, además, una propuesta restrictiva, porque sólo determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente el del Seguro Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera con la obligación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de prestarlo. En las actuales condiciones de carencias de las instituciones públicas tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del PGES lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los derechohabientes del seguro social.

Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que comprar la atención del PGES a los prestadores privados pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a los privados; recursos que serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está dando en Chile, donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica que promueve el aseguramiento en salud, porque orilla a los que tienen capacidad económica a escaparse de la falta de atención, comprando seguros privados de salud.
Tema crucial aparte es que la propuesta excluye a los que no están asegurados, que según la Encuesta Nacional de Salud 2012 constituyen de 21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado en la propuesta.

Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo de reforma que está impugnada con amplias evidencias y crecientemente abandonada en el resto del mundo.

En memoria de Raúl Álvarez Garín, quien me introdujo al análisis de la realidad mexicana.

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