Asa Cristina Laurell

Derecho a la Salud

Programa Sectorial de Salud: la vuelta de tuerca mercantil

 

Asa Cristina Laurell.

La Jornada 8 de enero de 2014

 

En diciembre pasado se publicó el Programa Sectorial de Salud (PSS) 2013-2018. Quienes hemos exigido la explicitación de las características del futuro Sistema Nacional de Salud Universal(SINASU) seguimos sin tener definiciones claras.

El PSS está construido para cumplir los requisitos del esquema del Marco Lógico y con los indicadores exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y no para informar al público. Aún así la lectura literal y entre líneas permite hacer algunas aproximaciones. Al respecto interesa especialmente el eje 6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

El primer hecho importante es que sólo se determinan seis líneas de acción para construir el SINASU y tres indicadores para medir su avance, pero no se describen sus características ni se comprometen plazos para alcanzarlo. O sea, no están explícitos el qué y el cuándo. Aún así queda claro que la principal tarea del Estado, por medio de la Secretaría de Salud (SSa), es regular el SINASU sin integrar un sistema único y público de salud y que éste descansa sobre el aseguramiento, público y privado, con un manejo eficiente de riesgos.

De esta manera se pretende incentivar la inscripción a la seguridad social mediante nuevos esquemas financieros (no especificados), (re)afiliar al Seguro Popular y agilizar el aseguramiento privado. Se prevé además darles libertad de selección de prestador a las personas. Se insinúa también que se ampliará gradualmente las intervenciones cubiertas por el Seguro Popular sin ninguna especificación de padecimientos o de plazos.

Ocupa un lugar importante en el PSS cambios en el marco legal para darle sustento al SINASU. Entre estos cambios destacan el establecimiento de una planeación interinstitucional única y de una unidad administrativa que regule y verifique la calidad de los establecimientos de salud; la actualización de la regulación de las Instituciones de Seguros Especializados en Salud (ISES); el fortalecimiento de la vinculación con las entidades federativas para el seguimiento de las políticas públicas y programas nacionales de salud, y el fortalecimiento de los mecanismos para integrar la información del SINASU al Sistema Nacional de Información en Salud.

Estas medidas significan, por un lado, garantizar el poder de la SSa sobre las instituciones públicas de salud, particularmente sobre los institutos de seguro social y los Sistemas Estatales de Salud con una clara recentralización del sistema de salud y, por el otro, darles mejores condiciones de integración a las ISES al SINASU.

Estas medidas se fortalecerán además con el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño de los servicios con especial énfasis en su productividad y la supervisión del uso de los recursos. No se explica cuales serían los indicadores a utilizar, pero se puede suponer que son cuantitativos, como consultas por hora, ocupación de camas, etcétera, lo que prefigura la instrumentación de una racionalización de los servicios por su maldesempeño.

El soporte del sistema de evaluación propuesto y la inclusión del sector privado a él es el Sistema Universal de Información en Salud. Este sistema sería loable si se tratara de mejorar las parchadas estadísticas de salud. Sin embargo, tal como está planteado es ante todo un instrumento para integrar un padrón general de salud de derechohabientes, beneficiarios, asegurados, afiliados, pacientes y profesionales de la salud cuyo finalidad es gerenciar la competencia y la facturación entre aseguradores y prestadores de salud. Abre además el acceso a la información médica de las personas a decenas de miles de prestadores y eventualmente a las aseguradoras, acceso que no se protege más que con una simple declaratorio de conducta ética.

Los indicadores a medir del eje 6 son sólo tres porcentajes: el de la población que carece de cualquier tipo de seguro, el de la población con seguro público que se atiende en los servicios públicos y el de los hogares más pobres que sufren un gasto catastrófico de salud. Como se observa dejan fuera prácticamente todas las propuestas y su avance.

Interesa además señalar que se reconoce que 21.5 por ciento de los mexicanos carecía de un seguro en 2012 y que se pone como meta 6 por ciento para 2018, o sea el aseguramiento no será universal.

Esta lectura permite afirmar que el SINASU es un paso firme hacia un sistema de salud basado en la competencia y el mercado con un paquete básico de servicios restringido y con la apertura a los aseguradores y prestadores privados cuando las evidencias demuestran que este tipo de sistemas no garantizan el derecho a la salud e incrementan la desigualdad.

 

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