Asa Cristina Laurell

La Jornada 14 de Junio, 2018

Asa Cristina Laurell

En el debate actual sobre los problemas del sector salud mexicano llama la atención la poca mención de un problema muy crítico: las enormes deficiencias de infraestructura, personal y abasto regular en las instituciones públicas; carencias que no han sido suplidas por el sector privado. Nadie quiere ver el elefante en la sala. El programa de salud de Andrés Manuel López Obrador lo reconoce y hace una propuesta concreta para iniciar su solución, y calcula además la inversión requerida y el gasto de operación para que funcionen adecuadamente estas nuevas unidades.

Parte de la necesidad de un nuevo modelo, la Atención Primaria de Salud Integral (APS-I), que reconoce que el primer nivel de atención debe fortalecerse y basarse en la educación, la promoción, la prevención, la detección y el tratamiento oportuno, así como tener un enfoque intersectorial. Resalta, a diferencia de otras propuestas, que ésta demanda trabajar con y en las comunidades e incorporar las acciones desde la base del sistema público. El segundo componente de la APS-I es que el primer nivel de atención, centros de salud y clínicas, deben formar parte de redes de atención que garanticen a las personas acceso al tipo de servicios médicos que su padecimiento requiere, sea la consulta de especialidad, hospitalización, cirugía o tratamientos complejos. Es decir, la atención no estaría restringida al paquete del Seguro Popular.

La condición para que este modelo pueda funcionar es que existan el personal y las unidades de salud necesarias, que el abasto de medicamentos e insumos sea adecuado y que se dé mantenimiento a las unidades y el equipo. Se plantea también que los medicamentos y la tecnología sean los indicados en cada caso y que su uso no sea inducido por intereses ajenos a la buena práctica clínica. La propuesta prevé para ello la ampliación y fortalecimiento de las unidades de salud —centros de salud y hospitales— y<<<<<<< que haya suficiente personal con contratos regulares en contacto con la población. Se propone así construir y equipar con recursos federales, priorizando las regiones más vulnerables; 96 nuevos hospitales, 64 generales y 32 de especialidad, así como garantizar que arranquen con todo el personal necesario al terminar las obras y no queden como elefantes blancos inútiles. Se estimulará además a los estados para que construyan y equipen más centros de salud.

La Encuesta Nacional de Salud 2016 demuestra fehacientemente: a) que los quintiles más bajos (Q4 y Q5) reciben la atención más precaria y tienen muchas más complicaciones y b) que las prácticas de seguimiento y atención son inoportunas tanto en las instituciones públicas como en las privadas, con los consultorios adjuntos a las farmacias, batiendo récord de mala atención.

Las propuestas de Juntos Haremos Historia para resolver este grave problema son varias: por un lado, garantizar el equipo y abasto requeridos y por el otro, instrumentar la educación continua sobre los padecimientos más importantes para todos los médicos y enfermeras, un cambio acordado con la universidades en el currículo de medicina y el incremento de residencias claves.

Se prevé financiar estas propuestas con los ahorros de combate a la corrupción y de la Austeridad Republicana para los altos funcionarios que juntos representarían por lo menos 13 por ciento del presupuesto de salud. Adicionalmente, se proyecta un incremento del presupuesto en 8 por ciento anual. Con este esquema se puede pagar holgadamente la inversión y operación de las nuevas unidades, garantizar el abasto de medicamentos y las acciones de salud pública.

Los principales institutos de seguridad social —IMSS e Issste— también requieren ampliar y fortalecer su capacidad de atención, particularmente dado que la dinámica económica del proyecto del licenciado López Obrador haría incrementar el empleo formal, público y privado. Esto significa que estos institutos tendrán mayores ingresos con los cuales se pueden ampliar las unidades de atención, contratar más personal, garantizar el abasto y el mantenimiento, añadiéndolos a los ahorros en las licitaciones y de la Austeridad Republicana.

El programa en análisis no promete alcanzar establecer un sistema público universal y solidario en un sexenio, pero es el horizonte al que aspira. La diferencia es que no sería uno con derechos limitados a un paquete restringido como está implícito en las otras propuestas, sino con iguales derechos para todos. Y se construya desde abajo hacia arriba.