Asa Cristina Laurell

Garantizar el derecho a la salud en la Constitución de la CDMX/ II

Asa Cristina Laurell

La Jornada 28 Septiembre 2016

En mi artículo de agosto demostré que el derecho a la salud es inequitativo y condicionado en México. Sólo aquellos que están asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y sus familias tienen acceso a los servicios requeridos al enfermar. Los afiliados al Seguro Popular sólo tienen acceso a un paquete de servicios restringido, que deja fuera particularmente las enfermedades graves y costosas de la población adulta. Así, tanto ellos como los que carecen de un seguro tienen que pagar muchos de los servicios.

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Subterfugios del presupuesto de salud, impulso a los seguros privados

La Jornada 12 Octubre 2016

Asa Cristina Laurell

En un artículo anterior argumenté que el monto del financiamiento que corresponde a las instituciones de salud está fijado por ley tanto para el Seguro Popular como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Por tanto, es ilegal recortarlo, pues el secretario de Hacienda no tiene facultades metaconstitucionales. Contrastan las declaraciones triunfalistas sobre los incrementos de la cobertura con el presupuesto recortado y con las continuas protestas de los trabajadores de salud y el descontento de los usuarios.

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Tratado Trans Pacifico

Tratato TransPacifico

Recortes ilegales en salud

Asa Cristina Laurell

La Jornada 27 de Julio de 2016

Los dos recortes al gasto público que el secretario de Hacienda ha anunciado incluyen a las instituciones de salud. Esto resulta inquietante, en primer lugar, porque ocurren en medio de extensas movilizaciones de los trabajadores de salud causadas por la falta de los insumos necesarios en los servicios y por la situación laboral irregular de una parte del personal. Adicionalmente, estos recortes son a todas luces ilegales, porque las aportaciones federales tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como al Seguro Popular (SP) están fijadas en la legislación respectiva. Cabe preguntar entonces si el secretario de Hacienda puede ignorar las leyes federales.

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