Asa Cristina Laurell

La Jornada 12 Octubre 2016

Asa Cristina Laurell

En un artículo anterior argumenté que el monto del financiamiento que corresponde a las instituciones de salud está fijado por ley tanto para el Seguro Popular como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Por tanto, es ilegal recortarlo, pues el secretario de Hacienda no tiene facultades metaconstitucionales. Contrastan las declaraciones triunfalistas sobre los incrementos de la cobertura con el presupuesto recortado y con las continuas protestas de los trabajadores de salud y el descontento de los usuarios.

Asa Cristina Laurell

La Jornada 27 de Julio de 2016

Los dos recortes al gasto público que el secretario de Hacienda ha anunciado incluyen a las instituciones de salud. Esto resulta inquietante, en primer lugar, porque ocurren en medio de extensas movilizaciones de los trabajadores de salud causadas por la falta de los insumos necesarios en los servicios y por la situación laboral irregular de una parte del personal. Adicionalmente, estos recortes son a todas luces ilegales, porque las aportaciones federales tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como al Seguro Popular (SP) están fijadas en la legislación respectiva. Cabe preguntar entonces si el secretario de Hacienda puede ignorar las leyes federales.

Asa Cristina Laurell

La Jornada 29 de Junio de 2016

Faltan dos años y medio del sexenio de Peña Nieto y el compromiso de instrumentar la Seguridad social universal se encuentra estancado. Dentro de ésta el Sistema Nacional de Salud Universal tampoco ha avanzado. Sin embargo, durante los meses recientes no ha pasado semana sin declaraciones sobre la próxima universalización de los servicios de salud. En particular EPN firmó en abril el "Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud" con la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los gobernadores del estado de México y de Oaxaca, ambos con servicios de salud muy deficientes, y Baja California Sur, entidad piloto desde hace tiempo.