Las crisis sociales revientan en un momento dado, pero se forjan en una cadena de decisiones político-económicas conscientes, en nuestro caso para implantar el modelo neoliberal. Una de estas decisiones fue la aprobación de la Ley de Asociación Público-Privada, en 2012. Desde entonces muchos hemos advertido que amenaza con convertir al gobierno en una ventanilla de pagos para las empresas privadas.
Trump, Obamacare y el sistema de salud estadunidense
La Jornada 23 de diciembre, 2016
Asa Cristina Laurell
Trump representa muchas amenazas generales y particulares contra la vida humana. Empiezan por la negación del cambio climático, pasan por la aceptación de los transgénicos y llegan a una previsible escalada de la política guerrerista de Estados Unidos, de la cual América Latina no escapará.
La política de salud trumpiana se cifra en el nombramiento del cirujano-ortopedista y miembro del establecimiento médico reaccionario Tom Price como su secretario de salud. Price, actualmente representante o diputado republicano, tiene el perfil de extrema derecha del Tea Party. Ha promovido el desmontaje de Obamacare y un proceso acelerado de (re)privatización de los servicios de salud. Asimismo, milita contra el derecho de decidir de las mujeres al promover que cada estado decida sobre el aborto desconociendo una sentencia de la Suprema Corte. Pretende, además, quitar los fondos públicos federales a Planned Parenthood, que desempeña un papel importante para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y predica la abstención sexual.
Brasil, destrucción del sistema único, público y gratuito de salud
La Jornada 2 de noviembre, 2016
Asa Cristina Laurell
El gobierno golpista de Brasil que destituyó a Dilma Rousseff sin base legal alguna no pierde el tiempo para arrasar con uno de los grandes logros de la Constitución posdictadura de 1988: el Sistema Único de Salud (SUS). Esta constitución determina que la salud es un derecho de todos garantizado por el Estado con acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación mediante un sistema público, integrado, solidario y gratuito financiado con recursos fiscales. Cabe subrayar que el SUS no tiene un paquete de servicios sino ofrece servicios integrales a toda la población, incluyendo los de alta complejidad.
Garantizar el derecho a la salud en la Constitución de la CDMX/ II
Asa Cristina Laurell
La Jornada 28 Septiembre 2016
En mi artículo de agosto demostré que el derecho a la salud es inequitativo y condicionado en México. Sólo aquellos que están asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y sus familias tienen acceso a los servicios requeridos al enfermar. Los afiliados al Seguro Popular sólo tienen acceso a un paquete de servicios restringido, que deja fuera particularmente las enfermedades graves y costosas de la población adulta. Así, tanto ellos como los que carecen de un seguro tienen que pagar muchos de los servicios.